En un comunicado leído ante la prensa por la abogada Isabelle Crépin-Dehanene, durante un receso del juicio, los defensores de los 51 encausados se quejaron de que durante el fin de semana se han constatado «comportamientos delictivos».
En concreto, precisaron que algunos de sus hijos han sido atacados en sus colegios, que algunas de sus esposas o de otros allegados han sido insultados, que han recibido llamadas amenazantes o que incluso hubo un intento de intrusión en un domicilio.
Los abogados subrayaron que «la gravedad de esos hechos» les ha llevado a pedir a la Fiscalía que lance procedimientos penales para «prevenir cualquier nueva forma de violencia» porque temen «ataques contra la integridad física de los acusados y de sus allegados».
Esta misma semana tienen intención de formalizar «una quincena de denuncias» ante la Justicia y habrá más en las próximas semanas.
Los letrados constataron que desde el inicio del juicio el pasado 2 de septiembre ante el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse, en la ciudad francesa de Aviñón, ha habido personas y asociaciones que han filtrado en redes sociales informaciones personales de sus clientes.
Destacaron que entre los documentos publicados en las redes hay fotografías tomadas en el tribunal, cuando en Francia está absolutamente prohibido captar y difundir imágenes, vídeos, pero también grabaciones sonoras durante las audiencias.
Igualmente reprocharon que algunos de los implicados en el proceso, como peritos judiciales o investigadores han utilizado un «vocabulario» a que atenta contra los derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo.
