La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una directiva que autoriza al Pentágono a diseñar planes de acción militar contra cárteles de la droga extranjeros, entre ellos los mexicanos, previamente designados como organizaciones terroristas. El objetivo declarado: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.
Aunque la orden no especifica operaciones inmediatas, la posibilidad de que fuerzas armadas de EE. UU. actúen fuera de sus fronteras sin aprobación del Congreso encendió las alarmas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza: “No habrá invasión. México coopera en seguridad, pero no aceptará tropas extranjeras en su territorio”.
IMPACTO POTENCIAL PARA MÉXICO
Tensión diplomática Esta medida representa un desafío directo a la soberanía mexicana. Incluso si no se concreta una intervención militar, el solo diseño de planes ofensivos abre un frente diplomático que puede enfriar las relaciones bilaterales. Presión en seguridad nacional La posibilidad de operaciones estadounidenses podría alterar los equilibrios internos entre fuerzas federales y estatales, obligando a México a reforzar su presencia militar en zonas donde se sospeche actividad de cárteles. Riesgo económico y comercial Tensiones políticas de esta magnitud pueden impactar en sectores como el comercio, el turismo y la inversión extranjera, especialmente en estados fronterizos. Narrativa internacional La etiqueta de “organización terrorista” para cárteles mexicanos refuerza la imagen de México como un territorio de alto riesgo en el discurso internacional, con posibles repercusiones en su reputación global.
UN ESCENARIO DE ALTA SENSIBILIDAD
El fentanilo es el núcleo del argumento de Washington: miles de muertes por sobredosis cada año en EE. UU. han convertido el tema en prioridad política interna. Sin embargo, en México, la propuesta se percibe como una línea roja: la seguridad interior es un asunto de Estado que no admite injerencia extranjera.
En este contexto, la relación bilateral entra en una fase delicada, donde la cooperación y la confrontación caminan por una delgada línea. Si los planes se concretan, México no solo tendría que gestionar una crisis diplomática, sino también blindar su territorio frente a una nueva dinámica en la lucha contra el crimen organizado.
