Ciudad de México.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Mayos”, encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada, señalando a varios de sus presuntos colaboradores en México. La sorpresa fue la inclusión de la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, militante de Morena y exalcaldesa de Rosarito, Baja California.
Las autoridades estadounidenses afirman que Brown facilitó operaciones del crimen organizado, aunque no ofrecieron pruebas públicas detalladas. La legisladora rechazó de inmediato los señalamientos y acusó a Washington de intromisión política. “Es una acusación sin fundamentos que busca manchar mi nombre y el de mi partido”, expresó en conferencia de prensa.
El caso genera una fuerte sacudida política, pues coloca bajo la lupa a Morena y a la administración federal en un tema sensible: la lucha contra el narcotráfico y los vínculos de figuras públicas con organizaciones criminales. Analistas destacan que, más allá de la culpabilidad o inocencia de la legisladora, el simple señalamiento por parte de Estados Unidos daña la imagen del gobierno mexicano en un momento donde la cooperación bilateral en materia de seguridad atraviesa tensiones.
El tema abre varios debates: ¿hasta dónde llega la soberanía de México cuando un gobierno extranjero sanciona a funcionarios locales?, ¿se trata de un acto de justicia internacional o de presión política? Lo cierto es que este episodio incrementa la presión sobre el gobierno federal para actuar con mayor contundencia contra el narcotráfico y sus nexos políticos.
