Por EntreLineasMx
El asesinato del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, ha encendido las alarmas en todo el país. El funcionario fue atacado a tiros la noche del viernes 21 de marzo en la colonia La Veleta por sujetos que se desplazaban en motocicleta. Recibió seis impactos de bala y, pese a los esfuerzos médicos, falleció la madrugada del sábado en un hospital de Playa del Carmen.
Rodríguez Bautista no era un personaje menor. Con una sólida trayectoria en seguridad nacional, había ocupado cargos clave como jefe de Análisis de Gabinete de Inteligencia en la Secretaría de Marina y director de la Policía Municipal de Monterrey. Su perfil técnico, su experiencia en inteligencia y su compromiso con la legalidad lo convertían en una pieza estratégica para los esfuerzos de pacificación en el Caribe mexicano.
Este atentado no solo es un ataque directo a una figura de alto nivel, sino un mensaje claro del crimen organizado a las estructuras institucionales del país. A tan solo días de un ataque armado contra las oficinas de la Fiscalía en Tulum, el asesinato del jefe de seguridad municipal representa una afrenta al Estado y a la gobernabilidad en una de las regiones más turísticas y vigiladas del país.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, condenó el ataque calificándolo de “acto cobarde” y reafirmó su compromiso por llevar ante la justicia a los responsables. Sin embargo, el homicidio de Rodríguez Bautista abre una serie de interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger a sus propios operadores de seguridad, especialmente en zonas de alto interés turístico como Tulum, donde la violencia ha ido en aumento en los últimos años.
El impacto institucional es profundo. Cuando el crimen organizado asesina a quien está encargado de combatirlo, pone en jaque la confianza pública, la moral de las corporaciones policiacas y la estabilidad política local. No se trata solo de un homicidio, sino de un golpe simbólico que busca sembrar miedo e inhibir la acción del Estado.
Las investigaciones continúan, y aunque no se ha confirmado una línea oficial, se sospecha que el ataque puede estar relacionado con recientes operativos y ajustes de control territorial por parte de grupos criminales en la zona.
Hoy más que nunca, la muerte de José Roberto Rodríguez Bautista debe ser un punto de inflexión. No solo exige justicia, sino una respuesta contundente, coordinada y sin titubeos de los tres niveles de gobierno. Porque si el Estado permite que el crimen imponga sus condiciones, cada asesinato de un servidor público se convertirá en un precedente más para la impunidad.
