El gobierno de México extraditó este jueves a 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, en un operativo que incluyó a figuras emblemáticas del crimen organizado como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes (“El Viceroy”) y los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales (“Z-40” y “Z-42”). Esta acción, que ha sido celebrada por las autoridades estadounidenses como un hito en la lucha contra el narcotráfico, también plantea cuestionamientos sobre la verdadera intención detrás de estos movimientos y la soberanía mexicana en la impartición de justicia.
La caída de los históricos capos: un mensaje político
El caso más simbólico es el de Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara y señalado como autor intelectual del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en 1985. La narrativa estadounidense en torno a su captura y extradición ha sido clara: este es un acto de justicia largamente esperada. Sin embargo, la política no puede desligarse del proceso.
El propio administrador de la DEA, Derek S. Maltz, destacó que esta extradición es “extremadamente personal” para los agentes de la agencia, dejando en claro que el objetivo va más allá de la legalidad y toca fibras sensibles dentro de la estructura de poder estadounidense. La justicia, en este caso, parece tener un matiz de venganza institucional.
Los cárteles como “terroristas”: la estrategia de Washington
Uno de los elementos más llamativos del discurso estadounidense es la calificación de los cárteles como “Organizaciones Terroristas Extranjeras”. Esta etiqueta, promovida por la administración de Donald Trump y sostenida en diversas declaraciones de altos funcionarios, no solo busca justificar medidas más agresivas contra los grupos criminales, sino que abre la puerta a un posible intervencionismo militar directo bajo el pretexto de combatir el terrorismo.
El vicesecretario de Justicia interino, Emil Bove, dejó ver el tono beligerante de la estrategia estadounidense al afirmar que estas extradiciones son “consecuencia de una Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza”. El mensaje es claro: la lucha contra el narcotráfico se convierte en una herramienta geopolítica en la relación bilateral con México.
México: ¿cooperación o sumisión?
El gobierno mexicano ha presentado estas extradiciones como parte de los acuerdos de cooperación internacional en seguridad, pero el contexto sugiere que este acto es también un gesto de alineación con la política estadounidense. No es coincidencia que el anuncio se realizara antes de una reunión entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. En términos diplomáticos, se trata de una muestra de buena voluntad para fortalecer la relación con Washington en un momento donde la migración y el tráfico de fentanilo han tensado los lazos entre ambos países.
Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué estos capos no enfrentaron la justicia en México? La extradición masiva evidencia la debilidad del sistema judicial mexicano para procesar a los grandes líderes del narcotráfico, una incapacidad que se ha repetido en múltiples administraciones y que refuerza la dependencia de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.
Un golpe al narco, pero no al negocio
La extradición de estos 29 presuntos narcotraficantes no cambiará la estructura del tráfico de drogas. La historia del crimen organizado en México ha demostrado que la captura de capos solo genera reacomodos dentro de los cárteles y no afecta significativamente la oferta de drogas en Estados Unidos.
El verdadero problema radica en la demanda y el consumo, un tema del que poco se habla en los discursos oficiales de Washington. Mientras en México se detienen y extraditan capos, en EE.UU. continúan la crisis del fentanilo y el tráfico de armas sin que se tomen medidas estructurales en el lado de la demanda.
Justicia a la medida de Washington
La extradición de Caro Quintero y otros capos representa un golpe mediático más que una solución real al problema del narcotráfico. Mientras el gobierno de EE.UU. capitaliza políticamente estas detenciones para mostrar “mano dura”, México sigue sin una estrategia propia que garantice la justicia dentro de su territorio.
La pregunta clave es si esta cooperación realmente beneficia a México o si solo refuerza una relación asimétrica en la que el país sigue entregando piezas clave del crimen organizado sin transformar el sistema que permite su reproducción.
