El robo y contrabando de combustibles —conocido como huachicol— sigue siendo una de las batallas más urgentes y costosas para México. En los primeros seis meses de 2025, Pemex reportó pérdidas por 13 mil 122 millones de pesos, un incremento del 37 % respecto al mismo periodo del año pasado.
Más allá de los números oficiales, el impacto real se dispara cuando se incluye el huachicol fiscal —contrabando disfrazado con facturas falsas— que evade hasta 177 mil millones de pesos anuales en impuestos. Esto equivale a 24 millones de dólares diarios que el país deja de recaudar.
GOLPES AL ROBO DE COMBUSTIBLE
En lo que va del año, el gobierno federal ha intensificado los operativos, logrando decomisos históricos:
15 millones de litros asegurados en Coahuila, uno de los mayores en la actual administración. 10 millones de litros incautados en Altamira, Tamaulipas, disfrazados como aditivos para evadir impuestos. Descubrimiento de una mini refinería clandestina en Veracruz, con capacidad para procesar 500 000 litros de crudo robado. 4 millones de galones recuperados en Coahuila, localizados en vagones de tren abandonados.
IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
Estos golpes han tenido un efecto inmediato en las ventas de combustible legal. Estaciones de servicio en estados como Nuevo León y Tamaulipas reportan aumentos de hasta el 50 % tras el cierre de puntos de venta ilegales. Sin embargo, la complejidad del delito va en aumento: detrás de las tomas clandestinas y cargamentos incautados operan redes criminales con participación de cárteles como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, apoyadas por corrupción institucional.
UN DESAFÍO QUE VA MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD
El huachicol no es solo un problema de seguridad energética, sino una amenaza fiscal y moral para el país. Cada litro robado erosiona las finanzas públicas, financia estructuras criminales y perpetúa la corrupción. Pese a los avances en decomisos, el reto sigue siendo erradicar las redes que lo sostienen y cerrar la puerta a quienes, desde adentro, lo permiten.
