En Durango, la paciencia de empresarios, agricultores y comerciantes llegó a su límite. Y no es para menos: la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México—más conocida como CATEM, bajo el mando del diputado Pedro Haces Barba—parece ensayar su nueva carrera como sindicato… o como grupo de “derecho de piso” disfrazado.
Un desplegado firmadísimo por 20 organizaciones agrícolas, ganaderas e industriales de “La Laguna” —la zona conurbada entre Durango y Coahuila—prende el foco rojo: denuncian “cobros ilegales disfrazados de cuotas sindicales”, amenazas, agresiones, represalias… y un amplio catálogo delictivo que raya en lo tragicómico. Desde pagos por cada metro cúbico de material de construcción hasta 20 mil pesos por hectárea de riego. ¿Que no pagas? Te amedrentan cual mafiosos de colonia.
Y la cosa no para ahí. Imponen cuotas por transporte de ganado, controlan la venta de pollinaza, imponen tarifas injustas en silo y alfalfa, y se apropian descaradamente de obras públicas y privadas. ¿Alcoholímetro? También con derecho de piso. Una joyita.
La respuesta del gobierno no fue un “ya pasa de moda”. El gobernador Esteban Villegas prometió que se meterá “con todo” para frenar la extorsión. Se coordina con Coahuila, fiscalías y federales para que no queden en puros discursos.
El PAN ya puso el grito en el cielo: “Morena no puede lavarse las manos”, dijo Mario Salazar, presidente estatal del partido. Y con razón: el sindicato señalado por estas prácticas ilegales está encabezado por un diputado morenista. Así que pedir deslindes es un chiste de mal gusto.
Entre tanto, el secretario general local de CATEM —Armando Cobian— niega todo y propone llevar “todos los días” a un agente de la Guardia Nacional para demostrar que, según él, no están haciendo “chingaderas”. Una propuesta que suena a defensa de quien está atrapado en su propia narrativa.
