Por: Manuel Martín Fonseca Altamirano. Presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI)
La política habitacional vive uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas. El Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, representa la apuesta más ambiciosa del Estado mexicano para reducir el rezago habitacional y garantizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada, como ya lo reconoce la legislación nacional en concordancia con los estándares de ONU-Hábitat. No se trata únicamente de construir casas; se trata de construir ciudadanía, estabilidad y oportunidad.
Desde la década de los noventa no se había planteado un proyecto de esta magnitud. Los objetivos del programa —entre un millón y hasta 1.8 millones de viviendas nuevas en el sexenio, según información del sitio oficial Vivienda para el Bienestar— evidencian una visión integral que articula crecimiento urbano, justicia social y reactivación económica. Detrás de cada hogar edificado hay empleo, inversión, derrama regional y, sobre todo, tranquilidad para una familia que antes vivía en incertidumbre.
Los avances iniciales muestran un rumbo claro. De acuerdo con datos oficiales del Informe de Gobierno, el programa ha gestionado 516 predios para la construcción de 228,588 viviendas en las 32 entidades federativas y ha iniciado 64 obras y estudios preliminares para edificar 31,300 viviendas. Asimismo, se han entregado 77,935 acciones de mejoramiento con una inversión superior a 3,117 millones de pesos, lo que demuestra una capacidad operativa que comienza a tomar escala.
Pero sería un error evaluar esta política solo por la cantidad de viviendas. El verdadero reto —y el criterio que debe guiar cualquier juicio de valor— es la calidad y adecuación del hábitat que se está construyendo.
Una vivienda no es adecuada si no está conectada al territorio. No basta con entregar llaves: deben garantizarse servicios básicos, accesos seguros, transporte público, cercanía a escuelas, oportunidades laborales, equipamiento urbano y condiciones que permitan a las familias desarrollarse con plenitud. Una mala ubicación reproduce desigualdad. Una buena ubicación transforma vidas.
Por ello, este programa coloca al centro algo que por años estuvo ausente: el ordenamiento territorial como base técnica para construir vivienda adecuada. Ordenar el suelo, planear con visión metropolitana, evitar asentamientos en zonas de riesgo y promover un crecimiento compacto y sostenible son decisiones que inciden directamente en el éxito del programa.
A esta visión se suma un componente estructural de enorme profundidad social: la regularización de asentamientos. Según información oficial del Gobierno de México, el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla la emisión de un millón de escrituras a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). Este objetivo es más que un acto administrativo: es una política de justicia social que otorga certeza patrimonial a familias que han vivido por décadas en colonias irregulares, donde antes era imposible invertir en drenaje, agua potable, alumbrado o infraestructura. Regularizar es reconocer, integrar y dignificar.
El potencial económico del programa también es robusto. De acuerdo con proyecciones oficiales, la iniciativa puede detonar más de 600 mil millones de pesos en inversión, generar 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones indirectos. La vivienda adecuada no es solo política social; también es motor financiero, detonador de cadenas productivas locales y garante de estabilidad económica.
La dimensión social, territorial y económica del programa es evidente. No obstante, su éxito dependerá de la coordinación entre Federación, estados y municipios. Ninguna política nacional de vivienda puede consolidarse sin una articulación efectiva en lo local: disponibilidad de suelo apto, regularización jurídica, infraestructura hídrica y sanitaria, permisos municipales y compatibilidad normativa. Nayarit —como muchos otros estados— ilustra esta necesidad: la correcta selección de predios, la planeación anticipada y el acompañamiento institucional pueden marcar la diferencia entre un desarrollo habitacional funcional y uno inconcluso o insostenible.
En síntesis, el Programa de Vivienda para el Bienestar es una política correcta, con diagnóstico certero y metas ambiciosas, pero enfrentará su prueba decisiva en la ejecución territorial. La vivienda adecuada es la célula más pequeña de una ciudad, y de su calidad depende la forma en que México vivirá y crecerá en los próximos treinta años.
Este sexenio tiene en sus manos la posibilidad de hacer historia. No solo por cuántas viviendas se construyan, sino por cómo, dónde y para quiénes. La vivienda adecuada no puede seguir siendo una aspiración. Debe convertirse, por fin, en una realidad cotidiana y un patrimonio seguro para todas las familias mexicanas.
