10 de abril de 2025
Ciudad de México — México se ha posicionado como el país con mayor número de solicitudes de acciones urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con un total de 681 casos registrados hasta septiembre de 2024. Esta cifra supera a naciones como Irak (608), Colombia (233) y Cuba (193), reflejando la magnitud de la crisis de desapariciones que persiste en el país.
Las acciones urgentes son mecanismos que permiten a la ONU exigir a los Estados respuestas inmediatas para localizar a personas desaparecidas y proteger sus derechos fundamentales. En el caso de México, las solicitudes muestran un creciente clamor de familiares y colectivos por atención efectiva del Estado en medio de una tragedia humanitaria que ya supera las 127,000 personas desaparecidas, según cifras oficiales.
Ante las observaciones del CED, el gobierno mexicano ha manifestado su desacuerdo, rechazando la caracterización de que en el país existan desapariciones forzadas “sistemáticas y generalizadas”. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado”, y atribuyó el fenómeno principalmente a la violencia del crimen organizado.
Sin embargo, esta postura ha sido fuertemente cuestionada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. El Comité de la ONU ha advertido sobre la responsabilidad estatal en la prevención, investigación y sanción de estos crímenes, y ha escalado por primera vez el caso mexicano a la Asamblea General de las Naciones Unidas, subrayando la gravedad del asunto.
La confrontación entre el gobierno y el sistema internacional de derechos humanos también se produce en un contexto alarmante para quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Casos como el de Teresa González Murillo, activista asesinada tras sufrir un intento de secuestro en Guadalajara, ejemplifican el riesgo que enfrentan las buscadoras en México.
A pesar del discurso oficial, las familias siguen demandando verdad, justicia y garantías de no repetición. El reto del Estado mexicano es monumental: recuperar la confianza ciudadana y asumir un rol activo y transparente que permita dar respuesta a una crisis que ha dejado una profunda herida en el tejido social del país.
